El apoyo de Chávez y Correa a las FARC

Andres Oppenheimer

El presidente de Venezuela Hugo Chávez y su colega de Ecuador, Rafael Correa, podrán gritar todo lo que quieran, pero lo cierto es que han sido atrapados in fraganti apoyando a un grupo terrorista que está tratando de derrocar al gobierno democráticamente electo de Colombia.

La semana pasada, después de que Interpol --la organización policial internacional más grande del mundo-- hizo público su informe certificando la autenticidad de 37,872 archivos de computadora de la guerrilla colombiana FARC que contienen cientos de referencias al activo apoyo de Venezuela y Ecuador al grupo armado rebelde, Chávez y Correa reaccionaron --como lo hacen siempre-- con insultos.

Al igual que hace unos meses, cuando una delegación oficial venezolana fue encontrada tratando de ingresar $800,000 en efectivo en Argentina para sus aliados políticos de ese país, Chávez alega ahora que la investigación de la Interpol sobre las computadoras encontradas por el ejército colombiano en su ataque del 1 de marzo a un campamento de las FARC en Ecuador es ''una payasada'' del ''imperio'', y describió al Secretario General de Interpol Ronald K. Noble como ''un mafioso'' y ''un vagabundo''. El descargo de Correa fue de virulencia similar.

Esta vez, sin embargo, les resultará difícil hasta a los mas crédulos simpatizantes de Chávez y Correa tomar en serio estos juegos de pirotecnia verbal.

La investigación realizada por la sede central de Interpol en Lyon, Francia, incluyó a 64 funcionarios policiales de 15 países, encabezados por expertos mundiales en computación de Singapur y Australia, que fueron escogidos independientemente por las jefaturas de policía de sus países. En total, el equipo en pleno de Interpol dedicó 5,000 horas examinando las computadoras.

Y el informe final de Interpol no sólo concluyó que Colombia no manipuló el contenido de las computadoras, como aducen Chávez y Correa, sino que también certificaron que pertenecían a Raul Reyes, el segundo líder de la FARC, que resultó muerto durante al ataque del ejercito colombiano.

Las laptop de las FARC son uno de los tesoros de inteligencia más importantes de toda la historia de la lucha antiguerrillera en la región, dicen expertos en seguridad. Los documentos ya han permitido el secuestro de $480,000 de fondos de la FARC en Costa Rica, y de 30 kilos de uranio no enriquecido de las FARC en las afueras de Bogotá.

Entre cientos de revelaciones, los archivos contienen 8 referencias a $300 millones de ayuda que Chávez le había prometido a las FARC. Otros documentos aluden a una contribución de $100,000 de las FARC a la campaña presidencial de Correa en el 2006.

La certificación de la autenticidad de los documentos plantea varias preguntas espinosas.

Primera pregunta: los países latinoamericanos que correctamente invocaron los tratados de no intervención de la Organización de Estados Americanos para rechazar la incursión militar colombiana en Ecuador, ¿invocarán ahora los igualmente explícitos tratados antiterrorismo de la OEA, que prohíben a los países ayudar a grupos armados rebeldes? ¿Condenarán a Venezuela y Ecuador, o se harán los distraídos, temerosos de perder los miles de millones de dólares que reciben en petróleo y ayuda política por parte de Venezuela?

Segunda pregunta: ¿Chávez y Correa les pedirán disculpas a los países de la región, tal como lo hizo el presidente colombiano Alvaro Uribe el 18 de marzo en la reunión de la OEA en que se debatió el ataque colombiano al campamento de las FARC en Ecuador?

Tercera pregunta: ¿la OEA convocará a una asamblea general, invocando la Convención Interamericana contra el Terrorismo del 2002, que prohíbe a los países miembros dar refugio o dinero a grupos terroristas? ¿Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invocará sus resoluciones 1373 y 1566, que establecen exactamente lo mismo, para condenar a Chávez y Correa?

Cuarta pregunta: ¿el presidente brasilero Luiz Inácio Lula da Silva se retractará de su declaración de la semana pasada en la que afirmaba que Chávez es ``el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años? ¿O cree que apoyar a un grupo terrorista que mantiene secuestrados a más de 700 rehenes y que mató a 36 civiles que asistían a una boda en el Club El Nogal de Bogotá es ser un buen presidente?

Mi opinión: para que quede claro, no estoy de acuerdo con la propuesta de algunos legisladores republicanos de Estados Unidos de que Washington ponga a Venezuela en su lista de países terroristas e imponga sanciones a ese país. Eso sólo le daría a Chávez argumentos para mostrarse como una víctima del ``imperio''.

Pero la comunidad internacional --incluyendo quienes criticamos al presidente Bush por ignorar a la ONU cuando decidió invadir Irak - debe reaccionar rápidamente. De otra manera, no tiene ningún sentido que sigan existiendo la OEA, la ONU ni ninguna de las convenciones internacionales que los países han firmando con gran solemnidad.

¿Dónde está la comida?
Alvaro Vargas Llosa

Washington, DC—En la década de 1830, Richard Cobden y John Bright impulsaron en el Reino Unido una campaña en contra de las leyes proteccionistas que mantenían los precios de los alimentos por las nubes. Tras soportar calumnias durante varios años, en 1846 convencieron al gobierno para que derogara las infames Leyes del Maíz, una medida que gatilló un largo periodo de prosperidad. He pensado intensamente en estos héroes del siglo 19, últimamente. El mundo necesita una nueva Liga Contra la Ley del Maíz, el movimiento que ellos fundaron, si quiere poner freno a la demencial disparada de los precios de los alimentos y salvar a millones de personas, desde Haití hasta Bangladesh y desde Camerún hasta las Filipinas.

El precio de la comida venía subiendo a paso firme en los últimos tres años, pero las cosas hicieron crisis este año. El precio del arroz aumentó 141 por ciento desde enero y el precio del trigo casi se duplicó en un año. En un mundo en el que los pobres gastan tres cuartas partes de su presupuesto en alimentos, eso equivale, en potencia, a un drama de vida o muerte para los mil millones de seres humanos que viven con $1 dólar al día.

Cuando el precio de algo se dispara, puede inferirse que la oferta no marcha a la par de la demanda. En las últimas semanas, muchos se han concentrado en las causas del aumento de la demanda de alimentos. Todas ellas —desde la creciente prosperidad de la China y la India hasta la explosión de los biocombustibles producidos en base a granos en las naciones ricas— suenan plausibles. Menos atención se le ha prestado a por qué, en la era de la globalización —en la que el comercio traslada velozmente las cosas de un lugar a otro— y de la biotecnología —que crea nuevas semillas y potencia el rendimiento de las que ya existen— la oferta de alimentos no está satisfaciendo la demanda.

Muchos gobiernos, organismos multilaterales, ONGs y “expertos” han evitado responder a esta pregunta básica. Por ello, están postulando soluciones que agravarán el problema o, en el mejor de los casos, constituyen un paliativo de corto plazo. La verdadera solución consiste en remover las causas de la escasez. Esas causas tienen poco que ver con la economía o la demografía y todo que ver con la política: tanto la de los Estados como la de aquellos que utilizan a los Estados para atender sus intereses.

Pocas áreas de la economía están más atiborradas de leyes proteccionistas que la agricultura, lo mismo en los países ricos que en los pobres. Una panoplia de cuotas, subsidios, aranceles y prohibiciones diseñadas para obtener votos y sobornos ha desalentado el ansiado incremento en la producción de alimentos. En una situación de libre mercado, la más mínima señal de que los precios estaban subiendo hubiese bastado para garantizar que una gran masa de capital fuese invertido en la agricultura alimenticia. En el caos actual, no sorprende que los inversores no estén apostando a la producción de alimentos: a los agricultores europeos se les paga para que mantengan sus tierras sin cultivar gracias a un esquema denominado la Política Agraria Común; a los agricultores argentinos se les está exigiendo que entreguen el 75 por ciento de sus ganancias mediante diversos impuestos; los agricultores estadounidenses están más interesados en alimentar a las camionetas que a la gente debido a que el Congreso estadounidense ha ordenado quintuplicar el uso de biocombustibles; por último, los agricultores africanos no están experimentando con cultivos genéticamente modificados porque están prohibidos en muchos de los países a los que podrían exportarse.

En un reciente artículo, el economista británico y entendido en asuntos africanos Paul Collier escribió que “el camino más realista es el de replicar el modelo brasileño de agroempresas grandes y tecnológicamente sofisticadas que abastezcan al mercado mundial…para contener el aumento en los precios de los alimentos necesitamos más globalización, no menos.”

Yo agregaría que los pequeños agricultores de los países atrasados se agruparían y crearían economías de escala si no fuesen agredidos por leyes locales diseñadas para proteger a los consumidores y por leyes internacionales diseñadas para proteger a los productores…o si a los campesinos chinos, por ejemplo, se les permitiese ser plenos dueños de su tierra.

Según la revista The Economist, de los 58 países cuya reacción a la crisis ha sido investigada por el Banco Mundial, 48 han impuesto controles de precios, subsidios al consumo y restricciones a las exportaciones. Un problema que fue originado por el proteccionismo ha suscitado, pues, una respuesta perfectamente proteccionista. Un siglo y medio después de que Cobden y Bright derrotasen al proteccionismo en Gran Bretaña, sus ideas son más poderosas y actuales que nunca.

México: la hora de la verdad
Alvaro Vargas Llosa

Washington, DC—Podría decirse que los latinoamericanos alcanzarán la mayoría de edad, políticamente hablando, el día que Pemex, el mastodonte petrolero mexicano, deje de ser un monopolio estatal. Mientras eso no ocurra, la mente de muchos ciudadanos seguirá poblada por una superchería: que los recursos naturales en manos del Estado son los custodios de la identidad nacional. Por ello, el empeño del Presidente Felipe Calderón por abrir el sector petrolero a la inversión privada en México tiene una significación cultural.

El proyecto de ley que permitiría a los inversores extranjeros celebrar contratos con Pemex para explorar, distribuir y refinar petróleo es tímido. Pero en vista del tabú que rodea a PEMEX y la situación minoritaria del partido del gobierno en el Congreso, la iniciativa de Calderón es notable.

Como era previsible, los intereses que medran con el monopolio estatal —proveedores que le cobran a PEMEX precios superiores a los del mercado, empleados cuyos salarios no paran de aumentar mientras que la producción no para de caer, políticos que rutinariamente ubican a sus amigotes en la nómina— defienden sus privilegios con uñas y dientes. La frase “si coloco a mi hija lo llaman nepotismo, si coloco a mi sobrina lo llaman solidaridad”, acuñada por un ex Presidente panameño para explicar el clientelismo latinoamericano, les calza como un guante.

Los argumentos económicos para permitir el capital privado en la industria petrolera son obvios. México, tercer proveedor extranjero de los Estados Unidos, ha visto caer su producción un 20 por ciento en tres años; salvo una intervención petrolera de último minuto de la Virgen de Guadalupe, las exportaciones se detendrán dentro de siete años. La mayor empresa latinoamericana está tan descapitalizada que ha cesado sus exploraciones en aguas profundas, única fuente potencial de nuevo crudo. El gobierno que tanto aman los estatistas mexicanos depende de Pemex para casi el 40 por ciento de sus ingresos, o sea que cuando los populistas regresen al poder ¡no habrá fondos para sus extravagancias populistas!

Pero el argumento no es económico. Es esencialmente cultural: urge que los mexicanos se alejen de la idea de que la nacionalización petrolera, que tuvo lugar en 1938 bajo la Presidencia de Lázaro Cárdenas, fue un acto de independencia. El tiempo ha demostrado que se trató de un acto de capitulación civil ante el poder autoritario. Si México hubiese seguido un camino distinto, sus ciudadanos probablemente no tendrían que arriesgar sus vidas ni negociar su dignidad con mafias de “coyotes” para ingresar furtivamente a los Estados Unidos, país del cual se suponía que la nacionalización de 1938 los había independizado.

Tras su elección, le pregunté al Presidente Felipe Calderón acerca de la privatización de PEMEX. Aunque dijo que respetaría el mandato constitucional de mantener a PEMEX en manos del Estado, dejó entrever que haría lo posible para abrir el sector a la inversión privada. él primer año de su Presidencia estuvo tan consumido cuestiones de orden público que parecía haber abandonado la idea.

Tal vez debería haberlo hecho antes. Y una vez tomada la decisión de soltar al tigre de su jaula, debería haber atendido lo que muchos de sus seguidores pedían: distribuir la mayoría de las acciones de PEMEX entre el público en general.

Incluso aquellos mexicanos que hoy braman contra el proyecto de ley se habrían comportado responsablemente una vez que se hubiesen percatado de que tenían, como accionistas, la oportunidad de prosperar. Convertir a los ciudadanos en socios durante la transición al nuevo sistema hubiese hecho costosa la causa populista. En la actualidad, debido a que los mexicanos equiparan a la empresa privada con los monopolios privados, la corrupción y los precios elevados propios del mercantilismo, no esperan beneficio alguno del fin del monopolio estatal.

Hubo una época en la que la propiedad colectiva de la tierra era vista como expresión de la identidad mexicana—y México se deshizo de esa ley. Hubo una época en la que el PRI, hijo de la Revolución Mexicana, era indisociable de la identidad nacional—y los mexicanos se deshicieron de él en las urnas. Un día se desharán también del petróleo estatal como expresión de la identidad nacional.

La decisión de Calderón lo convierte en un líder clave de la corriente modernizadora en la región. Mientras el gobierno mexicano promovía la apertura de la industria petrolera, un émulo de Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales, estatizaba dos petroleras en su país. Lo que está en juego en México es nada menos que la lucha entre dos modelos de sociedad que se disputan la imaginación del continente.

El Eje bolivariano busca la guerra

Por Pedro Fernández Barbadillo

El bolivarianismo es un movimiento expansionista y hasta imperialista. Hugo Chávez, que reprocha a Estados Unidos, a la UE, al secretario general de la OEA, a la Iglesia y hasta a España -cuando gobernaba José María Aznar- presuntas intromisiones en su gobierno o su país, no vacila en denigrar a otros jefes de Estado, amenazar a ciudadanos extranjeros y ofrecer ayuda económica y militar a gobernantes amigos. Ante el fracaso del reforzamiento constitucional del régimen chavista mediante la reelección indefinida, el objetivo actual del Eje Caracas-La Habana-Quito-Bolivia es la anexión ideológica de Colombia.

Para Chávez y los hermanos Castro, así como para la izquierda americana y europea, Colombia es una especie de Israel en Sudamérica: un país gobernado por una oligarquía semifascista respaldada por Estados Unidos y que trata de aplastar a movimientos populares como las FARC^[1]. Álvaro Uribe es uno de los escasos gobernantes iberoamericanos que pertenece a una tradición civil y liberal-conservadora, en contraste con los demagogos como Chávez, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua.

Llegó al poder al margen de los dos partidos tradicionales con el compromiso de enfrentarse a las bandas violentas y ha ganado un segundo mandato gracias a sus logros. Un gobernante civil, aliado con Estados Unidos, propulsor de la economía liberal y partidario de reducir el poder del Estado es un pésimo ejemplo para Hispanoamérica desde el punto de vista del vecino Chávez.

Después de perder el referéndum para la reforma de su Constitución bolivariana, Chávez se ha volcado en la política exterior para atenuar su derrota y el fracaso de su política interior (desabastecimiento de los productos básicos, delincuencia, inflación...), en concreto ha intervenido en el conflicto colombiano mediante la gestión de liberación de rehenes secuestrado por las FARC y sus declaraciones a favor de retirarles a éstas la condición de terrorista^[2]. De esta manera, Chávez conseguía ocupar los medios de comunicación del mundo y desgastar el prestigio de Uribe.

La situación ha crecido en tensión y agravios con campañas de desprestigio de la política de Uribe de resistencia a negociar con las FARC y con ofrecimiento de refugio seguro a los terroristas en Venezuela y Ecuador. La irrupción de unidades militares colombianas en Ecuador para perseguir y matar a un alto dirigente de las FARC, Raúl Reyes^[3], ha desencadenado una crisis en la que los presidentes Correa, Chávez y Daniel Ortega están actuando de manera coordinada con despliegues militares, insultos y acusaciones a Uribe y retirada de sus embajadores en Bogotá.

Cuando escribimos este artículo, el trío populista ha escenificado una reconciliación con Uribe ante las cámaras, pero por supuesto no es más que una tregua: Colombia sigue siendo el Israel de Sudamérica. Hasta que ha llegado ese momento, Chávez y sus acólitos han insultado a Uribe y le han desprestigiado ante el resto de los latinoamericanos. Puede que Chávez, Correa y Ortega sólo quieran amedrentar a los colombianos, a la vez que desgastar a Uribe sin recurrir al enfrentamiento militar, pero en un dirigente tan impulsivo y aventurero como es el venezolano no es descartable el paso a la invasión militar de Colombia. En ese caso, ¿qué podría ocurrir?

Si nos fijamos sólo en los números, la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela es superior a los Ejércitos colombianos, pues están recibiendo todo tipo de material y tecnología: helicópteros, aviones, armas ligeras, submarinos, centros de entrenamiento...^[4] Además, el régimen bolivariano ha entrenado una milicia de voluntarios cuyo valor como fuerza militar de combate es escasa pero que puede servir para controlar las calles e impedir disturbios durante un posible estado de emergencia o de sitio.

Las Fuerzas Armadas colombianas reciben parte de su armamento de Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo. Sin embargo, no es éste su principal activo. A lo largo de los años de combate contra las FARC, el ELN, el M-19 y los cárteles de la droga, los militares colombianos han adquirido experiencia en combate, de la que carecen los mandos y las tropas venezolanas. En la misma línea, han adaptado su armamento y sus tácticas a la guerra en la selva. Otro campo en el que Colombia supera con mucho a Venezuela es en el de los servicios secretos y la información.

La DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) colombiana ha localizado a miembros de las FARC en el extranjero y los ha capturado e introducido en Colombia. Éste fue el caso del terrorista Rodrigo Granda, secuestrado en Caracas, de día, y trasladado en un viaje en coche de cientos de kilómetros a Colombia^[5]. La DAS demuestra así estar mejor preparada que la Dirección de Seguridad e Inteligencia (DISIP) venezolana.

Según algunos cálculos hechos por militares colombianos, la capacidad ofensiva de la FAN venezolana les supera en una proporción de cinco a uno, pero, añaden otros “la oficialidad venezolana es una oficialidad de salón”.

Otros frentes que se deben cubrir son la ayuda exterior y los medios de comunicación internacionales. Si la crisis derivase en un enfrentamiento abierto, Chávez contaría con el respaldo de otros miembros de su Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), así como del aparato internacional de las FARC y de parte de la izquierda occidental. ¿Con quiénes contaría Colombia? ¿Con el Gobierno socialista español?, ¿con el presidente de Francia, que ha declarado que está dispuesto a viajar a la selva para persuadir a las FARC de que liberen a Ingrid Betancourt? Por fortuna, la manifestación de ámbito mundial contra las FARC^[6], celebrada en febrero pasado con gran éxito, empieza a influir en muchos políticos y periodistas europeos y norteamericanos, y la movilización podría repetirse a favor de Colombia en una posible guerra con Venezuela y Ecuador.

Si Chávez consiguiera colocar a un adicto a su ALBA en Bogotá, reuniría bajo su influencia una continuidad territorial que recordaría el virreinato de Nueva Granada. El siguiente paso del Eje sería, sin ninguna duda, Panamá, desgajada de Colombia a principios del siglo XX, y su canal, ahora en ampliación. Si cae Colombia, no sólo aumentaría el tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa, sino que, también, el canal de Panamá quedaría a un tiro de piedra de los cañones y los fusiles bolivarianos.

El retorno de los “neocons”

Por Rafael L. Bardají

(Del libro The Return of History and the End of Dreams, de Robert Kagan. Alfred K. Knopf. Nueva York, 2008. Publicado en Suplementos Libros de Libertad Digital, 16 de mayo de 2008)

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. He aquí una máxima que puede aplicarse a casi toda la obra de Robert Kagan; también a su más reciente libro: The Return of History and the End of Dreams (El retorno de la historia y el fin de los sueños).

Kagan, analista del Carnegie Endowment for International Peace, saltó a la fama hace seis años con Of Paradise and Power (Poder y debilidad), que ha pasado a la historia por esa frase en la que se afirma que los norteamericanos son de Marte y los europeos, venusinos. Ahora vuelve a la carga no con una segunda parte de aquello, sino con un análisis de la realidad internacional desde su propia perspectiva de neocon empedernido.

A Robert Kagan se le ha acusado de simplista y determinista, pero muy pocos se han atrevido a refutar sus tesis, y los que lo han hecho (por ejemplo, Robert Cooper, con su librito The Breaking of Nations [La ruptura de las naciones]) han solido perpetrar unos ensayos frustrados y frustrantes. Y es que las tesis de Kagan, (aunque) expuestas con sencillez y afán pedagógico, están construidas sobre una visión sólida y bien armada del funcionamiento del mundo.

En Of Paradise and Power se dedicó principalmente a explicar las diferencias estratégicas entre Europa y América en términos de cultura política e institucional. Sobre tal base, en The Return of History se atreve con la nueva configuración del poder en el mundo. Y lo hace demoliendo varios de los mitos que han venido manejando los expertos y los políticos en los últimos quince años.

El primero de esos mitos decía que tras el colapso del comunismo (1989) sobrevendría una era de liberalismo triunfante en la que la confrontación cedería su puesto al entendimiento universal y lo más importante sería la economía, terreno en el que, por cierto, las diferencias se resolverían siempre de manera pacífica. Se trata, en definitiva, de la tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama. Pues bien, Kagan muestra que, lejos de haberse producido el advenimiento de la paz perpetua y el entendimiento universal, el mundo ha entrado en una nueva fase de rivalidad entre grandes potencias. Su análisis gira especialmente en torno a la Rusia de Putin y China, pero podría extenderse a otros países o zonas. Hemos vuelto a la política de poder, nos guste o no.

El segundo mito que deshace Kagan es el que afirma que el desarrollo económico conduce inexorablemente a la liberalización cultural y a la democracia política. El capitalismo burocrático, autocrático y dirigido (por el Partido Comunista) que se estila en China ha dado ya sufrientes pruebas de que la apertura controlada del mercado no tiene por qué desembocar en la apertura política; de hecho, los comunistas han reforzado su control y poder sobre la sociedad china, algo que no se quiere ni ver ni decir –sobre todo ahora, que marchamos todos unidos por los aros olímpicos hacia Pekín–, pero que no debiéramos olvidar.

El tercer mito es el del declive de EEUU. Para Kagan, el momento unipolar puede que fuera un paréntesis excepcional en la historia reciente, pero el hecho de que resurjan las grandes potencias no implica que América esté perdiendo su condición de superpotencia: nadie puede acercársele en rendimiento económico, inventiva, dinamismo, integración y cohesión social; nadie tiene un proyecto político igual; nadie puede desafiarle en el terreno militar. Problemas como los registrados en Irak ponen en cuestión no el poder americano, sino cómo lo traducen y aplican quienes lo manejan. Ahora bien, cuando se corrigen los errores, la maquinaria de EEUU resulta aplastante para cualquiera.

Un cuarto mito sostiene que el mundo tiene la vista puesta en el modelo posmoderno y post-poder de la Unión Europea. Kagan viene a mostrarnos con infinidad de ejemplos que la UE es una excepción y no una regla de aplicación universal. Aún más, nos plantea el problema de cómo convivir, desde un modelo que renuncia a la fuerza, al hard power, para basarse sólo en el soft power, con las políticas de poder de las grandes potencias. El miedo a la nueva Rusia entre los europeos se explicaría por este estado de cosas.

La tesis central del ensayo de Robert Kagan se puede condensar así: el mundo avanza hacia una nueva división, esta vez entre potencias liberales y democráticas y potencias autocráticas. Para que prevalezcamos, y para que nuestros valores existenciales no se vean asaltados o corrompidos por el auge de la política de poder, sería necesario constituir una agrupación de nuevo corte que reúna a las naciones democráticas. Kagan aboga, pues, por erigir un Eje del Bien que se oponga eficazmente al Eje del Mal, dicho en corto y brutalmente.

Kagan tiene razón. Las instituciones que nacieron en las décadas de 1950 y 1960 estaban pensadas para resolver los problemas de las décadas de 1930 y 1940. En pleno siglo XXI, en la era Post 11-S, debemos dotarnos de nuevas herramientas para afrontar los retos del mañana. La alianza de democracias por que aboga Kagan podría ser una buena idea.

Cuba: EEUU debe tomar 'medidas' contra diplomáticos

Cuba pidió al gobierno de Estados Unidos que tome medidas tras acusar al máximo diplomático de esa nación aquí de ser ''correo'' de fondos para disidentes procedentes de una organización anticastrista con sede en Miami dirigida por uno de sus enemigos más encarnizados, Santiago Alvarez.

Las autoridades isleñas hicieron su denuncia contra Michael Parmly, jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, durante una conferencia de prensa en la que presentaron correos electrónicos, videos y recibos de dinero.

'' ¡Es un hecho insólito y escandaloso!'', exclamó Josefina Vidal, directora de América del Norte de la Cancillería. ''Cabe preguntar si esta colaboración constituye una nueva política'' de Washington hacia la isla, manifestó la funcionaria.

Un Comunicado la Oficina de Intereses reaccionó a la denuncia cubana, aunque aseguró que no se contaba ''con los detalles'' de la argumentación isleña.

''Es la política estadounidense por largo tiempo dar asistencia humanitaria al pueblo cubano, específicamente a familias de presos políticos. Nosotros permitimos a organizaciones privadas hacerlo también'', comentó el texto estadounidense.

Sin embargo, indicó que los diplomáticos tienen que actuar en base a las leyes del embargo contra Cuba, sin especificar si Parmly tenía o no permiso para oficiar de correo.

Aprobadas en la década de los 60 y endurecidas bajo la administración del presidente George Bush, las sanciones contra la isla buscan modificar su sistema por uno pluripartidista y de libre mercado.

''Esperamos que sea el gobierno de Estados Unidos el que tome medidas, que se comporten acorde con los convenios internacionales'', dijo Vidal, quien descartó en lo inmediato una acción contra Parmly. Tampoco indicó si enviará esta denuncia de manera oficial.

La Habana suele acusar a Washington de financiar y orientar a los disidentes internos, pero hasta ahora siempre se trataba de las millonarias partidas presupuestales gubernamentales aprobadas por el Congreso norteamericano.

Nunca se había denunciado la vinculación de diplomáticos con fondos de un anticastrista particular, los cuales no puede ser auditados o controlado por el gobierno estadounidense.

Vidal se presentó ante los periodistas junto a Manuel Hevia, experto del Centro de Investigaciones de la Seguridad del Estado, quien fue explicando las pruebas.

Varias de ellas indican que la disidente Martha Beatriz Roque recibió unos 1.500 dólares mensuales de la Fundación Rescate Jurídico, dirigido por Alvarez, actualmente preso en la Florida por portación de pertrechos militares.

Cuba calificó de ''terrorista'' a este hombre quien reconoció parte de su historial como militante violento contra Cuba realizando ataques e infiltrando grupos armados.

Además es colaborador de Luis Posada Carriles, un ex agente de la CIA vinculado al sabotaje de un avión civil en 1976 y la colocación de bombas en hoteles de La Habana en 1997.

Otros recibos de dinero --por 2.400 dólares-- involucran a Laura Pollán, quien encabeza el grupo de Damas de Blanco, esposas de varios disidentes presos y a José Luis García, alias ''Antúnez'' --con 200--.

Las autoridades cubanas indicaron que la conferencia de prensa será solo el arranque de una serie de foros en los cuales irá develando más pruebas.